Primer Servicio Informativo Digital de la Colectividad Española residente en la Argentina

Socio Fundador de APEA - Asociación de la Prensa Española en Argentina

Buenos Aires - 21/06/2009 - Director: Dr. Jorge Navós

O CONTRATO DE ALUGUEIRO DA SEDE DA XUNTA EN BUENOS AIRES NON RECOLLE A POSIBILIDADE DE QUE A XUNTA PASE A SER PROPIETARIA DO INMOBLE

Santiago de Compostela - 21/06/2009 - Xunta de Galicia - Gabinete de Comunicación

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza quere aclarar que o contrato de alugueiro das instalacións nas que está situada na actualidade a Delegación do Goberno galego en Buenos Aires non prevé en ningún caso a posibilidade de que o inmoble pase a ser propiedade da Xunta nun determinado prazo de tempo. De feito, o documento establece que a Xunta ten un prazo dun mes para desaloxar o local unha vez venza a vixencia do contrato.

Así mesmo, a delegada saínte da Xunta na capital arxentina non informou en ningún momento da posibilidade de facerse co inmoble e o actual Goberno galego tampouco ten constancia de que haxa ningún acordo cos propietarios nese sentido. Nin nas dependencias administrativas da Xunta en San Caetano nin na propia delegación en Buenos Aires hai documentos que establezan o paso á Xunta do local.

O Goberno galego decidiu trasladar a súa delegación en Buenos Aires ás instalacións do Centro Galicia, xa que o local actual tiña uns custos de alugueiro desorbitados -aos que había que sumar tamén a comunidade e os impostos-, está situado lonxe de onde vive a maioría da colectividade galega, non conta con boas comunicacións e máis de 700 metros cadrados do local son inservibles.

O traslado ao Centro Galicia suporá un aforro do 50 por cento nos custes anuais da delegación, que superaban os 800.000 euros, e boa parte do aforro dedicarase a mellorar a atención aos cidadáns galegos no exterior, que en ningún caso verán rebaixados os servizos que reciben da delegación. De feito, boa parte da colectividade galega en Arxentina xa amosou a súa satisfacción pola decisión tomada polo Goberno galego.

Finalmente, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza quere aclarar que a delegación da Xunta ocupará un espazo propio no Centro Galicia, perfectamente diferenciado e identificado, e non se modificará o estatus xurídico das delegacións, xa que o decreto que as regula tampouco sufriu modificación algunha.

El bipartito tenía un acuerdo para ser propietario de una sede en Argentina

Faro de Vigo – Europa Press -  21/06/2009

"La Xunta eligió un local que estaba en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, próximo a los asentamientos de los gallegos y a la Casa Rosada y la Embajada de España en Argentina", señaló, y consideró que "el patrimonio que se estaba adquiriendo es muy interesante".

La secretaria de Igualdade, Emigración e Movementos Sociais del PSdeG, Laura Seara, reveló que el anterior Gobierno gallego había alcanzado un acuerdo con los propietarios de las oficinas en las que se ubica la delegación de la Xunta en Argentina para hacerse con el inmueble tras "cinco años".

Frente a esto, lamentó la decisión del actual presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de trasladar estas dependencias al Centro Galicia -"presidido por un militante del PP"- porque "no le vale ese edificio". "Se da un paso atrás en la modernización de la Administración gallega y en la atención a los gallegos en el exterior", reprobó.

Además, opinó que la decisión "fue tomada bajo un profundo manto de demagogia con la excusa de una falta austeridad" que "sólo repercute" en el recorte de derechos y servicios a la ciudadanía", puesto que ni "el presidente ni los miembros de su gobierno se rebajaron su sueldo".

"Se le fue de las manos", juzgó, al tiempo que reprobó que "empieza a actuar como Atila, destrozando todo por el hecho de que fue realizado por el anterior Gobierno". "Le da igual que estuviera bien o mal", censuró la socialista, y criticó que Feijóo "no tiene ningún estilo y no sabe estar a la altura del puesto que representa".

FUNCIONES DE LA DELEGACIÓN

1. Revisión de los criterios de límites de rentas de la prestación por razón de necesidad para el acceso a la asistencia sanitaria.

En los países en los que no existe o es insuficiente la cobertura de la asistencia sanitaria por parte de los sistemas públicos, la necesidad de contratación de seguros privados de salud supone un coste excesivo para aquellos residentes españoles con un bajo nivel de ingresos

Por otro lado, a los perceptores de la prestación económica por razón de necesidad regulada por el Real Decreto 8/2008, se les reconoce además el derecho a la asistencia sanitaria fijada en la misma norma y articulada a través de convenios suscritos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y entidades prestadoras de ese servicio en los diferentes países.

Se da de esta manera una diferencia importante de condiciones entre españoles que, con un nivel de renta inicial en ocasiones muy similar, obtienen prestaciones muy diferenciadas, dado el gran peso del coste de la asistencia sanitaria en las economías de tales niveles de rentas.

Por ello, la Comisión de Asuntos Sociolaborales del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior acuerda en relación con esta cuestión:

Proponer al Ministerio de Trabajo e Inmigración que en aquellos países en los que no exista cobertura de asistencia sanitaria, o ésta sea insuficiente, los límites de renta fijados para el acceso a la prestación económica por razón de necesidad sirvan también como referencia, aumentados en un 50%, para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria prevista en el artículo 21 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero -prestada a través de los convenios suscritos por ese Ministerio a esos efectos-, a quienes no pueden ser perceptores de la citada prestación económica por superar esos límites de renta.

Proponer, asimismo, en relación con estas prestaciones, que se mantengan las revisiones anuales, conforme a las circunstancias socioeconómicas existentes en cada país para la fijación de su base de cálculo.

2. Acceso a la asistencia sanitaria pública en los desplazamientos temporales a España.

El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, establece, junto a la prestación económica por ancianidad o incapacidad, el derecho a la asistencia sanitaria para los beneficiarios de la prestación económica que carecen de cobertura para la protección de la salud en su país de residencia.

El artículo 26 del capítulo dedicado a las prestaciones a favor de los retornados reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles de origen retornados y pensionistas españoles de origen residentes en el exterior desplazados temporalmente al territorio nacional. Asimismo, la disposición final primera introduce una modificación en el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, dirigida a incorporar a los trabajadores por cuanta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente a España entre los beneficiarios de la cobertura de asistencia sanitaria.

En desarrollo de esta previsión normativa se dictó la Resolución conjunta de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 25 de febrero de 2008, que regula el procedimiento para el acceso a la asistencia sanitaria reconocida en el Real Decreto. En el artículo segundo de la Resolución se relaciona la documentación necesaria para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en caso de retorno y en el quinto la precisa en el caso de los desplazamientos temporales.

Ante las dificultades y demoras surgidas para la obtención de la documentación acreditativa del derecho a la asistencia sanitaria en los desplazamientos temporales a España de los españoles residentes en el exterior, se acuerda:

Proponer la simplificación de la documentación exigida en el artículo quinto de la Resolución Conjunta de 26 de febrero de 2008 de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en casos de desplazamiento temporal a España.

Solicitar que en el caso de desplazamientos temporales a España el derecho a la asistencia sanitaria se pueda reconocer directamente en las propias Consejerías de Trabajo e Inmigración con anterioridad a la salida para España, y en cualquier caso que se adopten medidas tendentes a facilitar y agilizar la obtención del certificado acreditativo de dicho derecho.

3. Explicación de las plataformas de infomación y búsqueda de empleo del Servicio Público de Empleo estatal.

En la reunión de la Comisión Delegada de Jóvenes y Mujeres del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, celebrada en Madrid los pasados días 23 y 24 de marzo, se adoptaron diversos acuerdos encuadrados bajo el epígrafe genérico de Programas de fomento del empleo para los jóvenes españoles del exterior, que se materializaron en diversas propuestas para elevar al Pleno del  Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Por otra parte, los artículos 21 y 22 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006, de 14 de diciembre), sobre derechos en materia de información socio-laboral, formación profesional y empleo, imponen a los servicios públicos de empleo la obligación de fomentar “la participación de los españoles residentes en el exterior y de los retornados en programas de formación profesional, a fin de facilitar su incorporación al mercado laboral o de mejorar su capacitación profesional”, y disponen que “el Estado promoverá, a través del Sistema Nacional de Empleo, el acceso a la información que permita a los españoles demandantes de empleo residentes en el exterior y a los retornados, la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación”.

En atención al interés de los consejeros y a lo dispuesto en dichos artículos, se solicitó la comparecencia de un representante del Servicio Público de Empleo Estatal en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Sociolaborales. En el curso de su intervención ante esta Comisión, dicho representante ha explicado el funcionamiento de la ya operativa RED EURES y ha anunciado la futura puesta en marcha de dos plataformas dirigidas a la información y orientación profesional y a la búsqueda de empleo a través de Internet, por lo que se propone:

Solicitar la comparecencia de un responsable del Servicio Público de Empleo Estatal para explicar de forma exhaustiva ante el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior el funcionamiento y utilidades de estas plataformas para la ciudadanía española residente en el exterior, en especial los jóvenes.

4. Aplicación efectiva de los convenios bilaterales de Seguridad Social.

Los Convenios Internacionales de Seguridad Social son los instrumentos a través de los que se coordinan los sistemas de seguridad social entre los Estados que los suscriben. En el ámbito europeo rigen los Reglamentos Comunitarios 1408/71 y 574/72, que son aplicables en España desde 1 de enero de 1986, y respecto de otros países, en especial los de Latinoamérica, son de aplicación los diversos convenios bilaterales firmados por España con cada Estado.

En la actualidad se encuentran vigentes 20 convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, entre ellos los suscritos con Ecuador en 1975, Paraguay en 1998 y la República Dominicana en 2004, que coordinan las relaciones entre los respectivos sistemas nacionales que afectan a trabajadores nacionales de cada una de las Partes Contratantes, así como a los miembros de sus familias, en lo que atañe a cotizaciones, pensiones, prestaciones y subsidios.

Ante la problemática expuesta por los representantes de países como Ecuador, Paraguay y República Dominicana en lo que atañe a la aplicación práctica y efectiva de las cláusulas de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos y en vigor, se propone:

Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la adopción de medidas tendentes a exigir el cumplimiento efectivo de los convenios bilaterales de Seguridad Social, en especial los de Ecuador, Paraguay y República Dominicana.

5. Convenios internacionales sobre permisos de conducir.

Tras la comparecencia del representante de la Dirección General de Tráfico para explicar la situación actual de los convenios en materia de canje y reconocimiento de permisos de conducir, se pone de manifiesto que desde 1997, fecha de entrada en vigor del Reglamento General de Conductores aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo (BOE núm. 135, de 6 de junio), el citado organismo promueve y suscribe este tipo de acuerdos sólo a instancia de terceros países interesados y previa decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Ante esta situación se propone:

Instar del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que impulse la suscripción de convenios internacionales en materia de canje y reconocimiento de permisos de conducir con todos aquéllos países con los que no existe acuerdo de este tipo.

6. Aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006) señala como un reto ineludible de los poderes públicos, la atención de la población que por razones de envejecimiento, enfermedad u otras causas de discapacidad o de limitación se encuentra en situación de dependencia. Si bien es cierto que la Ley establece entre los requisitos para ser titulares de sus derechos la residencia en el territorio español, el artículo 5.3 señala que el Gobierno podrá establecer  medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España. Una previsión que tiene su reflejo en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior (Ley 40/2006) sobre servicios sociales para mayores y dependientes.

La Comisión recuerda que, por tanto ambas leyes han tenido en cuenta que el envejecimiento y otras razones que conllevan situaciones de dependencia, afectan igualmente a la población española en el exterior. Pero se ha de tener en cuenta que en algunos países de residencia, la ausencia de servicios y prestaciones sociosanitarios públicos o la imposibilidad, por razones de coste, de acceso a los existentes, conllevan una total desatención de la población en situación de necesidad, incluida la población española residente. Si bien la Comisión entiende que el derecho subjetivo no recuerda que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior obliga a los poderes públicos a desarrollar medidas específicas en aras a alcanzar una gradual asimilación, según lo establecido en la normativa vigente.

Por ello, la Comisión de Asuntos Sociolaborales del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior acuerda en relación con esta cuestión:

Instar y urgir al Gobierno, así como al conjunto de los poderes públicos, a concentrar sus esfuerzos en desarrollar aquellas medidas, especialmente de carácter asistencial, sanitario y farmacéutico, que tiendan a garantizar el bienestar integral de los dependientes españoles residentes en el exterior que se encuentren en situación de necesidad.

7. Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior en su artículo 18 punto 3 establece: “La Administración General del Estado arbitrará las fórmulas más beneficiosas para el reconocimiento a los trabajadores españoles en el exterior de las prestaciones económicas, derivadas de las cotizaciones a la Seguridad Social, y en especial a las pensiones derivadas del extinto Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez”. Y en su Disposición Final Tercera “se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de competencias del Estado, dice cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente Ley”.

Anteriormente a la aprobación de la Ley 40/2006, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior ha venido reclamando desde el año 1997 de los organismos competentes una solución al reconocimiento de las pensiones del SOVI al colectivo de españoles que trabajaron en nuestro país entre 1940 y 1966, años en los que la falta de un control adecuado por parte del Estado permitió que las empresas no les afiliaran y cotizaran por ellos al sistema de Seguridad Social entonces vigente.

En consecuencia ven ahora lesionado su derecho a percibir una pensión del SOVI, bien porque no les es reconocida, bien porque la perciben incompleta.

Como se ha expuesto anteriormente, el Consejo General ha reclamado reiteradamente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (o de Inmigración) que tome en consideración estas situaciones y que se busque una solución para los afectados, similar a la adoptada para otros colectivos que se encontraban desprotegidos, a fin de no incurrir en un agravio comparativo hacia ellos.

Incluso se llegó a prever, si fuera necesario, llevar el tema a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.

Posteriormente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 347/00 BARREIRA PÉREZ, de 03-10-2002, abrió un espacio de esperanza para la solución del problema. Sin embargo, el INSS insiste en su postura y decide en cada caso con una práctica que no parece adecuada, pues supone que cada asegurado individualmente tiene que oponerse y recurrir a los tribunales si entiende que la decisión adoptada no es correcta.

El Consejo General considera que el artículo 18.3 de la Ley 40/2006 abre unas perspectivas que antes no existían y que el INSS podría apoyarse en este nuevo elemento para aplicar el prorrateo a las pensiones del SOVI teniendo en cuenta el período de cotización exigido específicamente en el SOVI y no todo el período de cotización realizado a lo largo de la vida laboral.

Asimismo, se propone que se tenga en cuenta y se contemple como período cotizado el tiempo de permanencia en el servicio militar.

La Comisión entiende que es potestad y voluntad política del gobierno, el dar cumplido curso de la Ley 40/2006 y su artículo 18.3, que se viene solicitando desde hace décadas y acuerda en relación con esta cuestión:

Instar al Ministro de Trabajo e Inmigración a implicarse personalmente con el fin de dar una solución política al problema del SOVI, pues procediendo de esta manera obtendremos respuesta definitiva a lo contemplado en el artículo 18.3 de la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior

"Los gallegos en el exterior que tengan inquietudes administrativas relacionadas con Galicia: pueden estar tranquilos: a partir de ahora, los atenderá la cocinera del centro gallego, entre la cazuela de pulpo y la olla de cocido", ironizó hoy el secretario de Comunicación e Innovación del PSOE Europa. Ante jóvenes españoles reunidos en la localidad suiza de Romanshorn, Marco Ferrara criticó severamente que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, haya "lanzado la bruta bola de demolición" en contra de la red de delegaciones de la Xunta de Galicia en el exterior. El sistema había sido puesto en marcha por el anterior gobierno autonómico, bajo la presidencia del socialista Emilio Pérez Touriño "precisamente para desvincular la Administración pública de toda práctica potencialmente clientelista y necesariamente sometida a intereses privados", recordó el portavoz.

"El PP ha decidido de golpe y porrazo retroceder a la vieja situación, donde el presidente de un centro gallego tenía en sus manos nada menos que la representación oficial de la Xunta de Galicia", lamentó Marco Ferrara.

Regreso del "caciquismo medieval" en menos de cien días

Para el dirigente del PSOE Europa, "han bastado menos de cien días con el PP en la Xunta para volver al caciquismo medieval que padecía Galicia hasta el 2005. La derecha ha reinstaurado en la Administración autonómica la lacra del clientelismo institucional gallego que nada tiene que envidiar al que el propio PP practica bajo el mando de Carlos Fabra en la provincia de Castellón, donde todo apoyo se negocia a cambio de un favor particular".

En opinión del ejecutivo del PSOE Europa, la principal ventaja de delegaciones gallegas "dignas de consulados" era su "modelo universal aplicable en condiciones de igualdad y transparencia en América como en Europa". Si Marco Ferrara reconoce que en el Cono Sur americano algunos centros gallegos disponen de "infraestructuras considerables", recuerda que en Europa la realidad es toda otra: "estos lugares se limitan generalmente a ser bares o cantinas cuyos dueños tienen sus propias preocupaciones profesionales que atender antes que dedicar espacio a los problemas de los demás".

"Las competencias del Ayuntamiento cedidas a la taberna o al club"

"No quiero ni imaginar la reacción de los vecinos del municipio gallego de Fene si se les informara que a partir de ahora el Ayuntamiento desmantela sus oficinas para ceder sus competencias a la taberna de la plaza o al club de dominós de la comarca, por ejemplo. La diferencia no reside simplemente en que Fene está gobernado por el PSOE, sino también en que quienes gobiernan la localidad tienen decencia y sensatez, ambas virtudes que la Xunta parece haber metido en un cajón", indicó.

"Durante la campaña europea agotada esta semana, el PP se ha inventado de todo con tal de ensuciar el brillante balance del PSOE en políticas para residentes en el exterior, pero sus medidas de pacotilla acaban siempre evidenciando la realidad de una derecha política retrógrada y sin ideas", apuntó. Ferrara concluyó invitando a los jóvenes a "nunca hundirse en la flacidez del conformismo" e involucrarse en la política española "para que mañana no sintamos tanta vergüenza como acumulamos hoy ante algunas situaciones poco ejemplares que todavía constatamos en nuestro país de origen".

Sobre la globalización, hay múltiples posturas, desde quienes la crítican y califican de proceso perverso, a quienes intentan santificarla colocándola en la clave de bóveda del estado de la humanidad hoy. Con mucho menor vuelo intelectual, desde nuestra sede del Partido Popular de España en Argentina, creemos que la globalización entraña multiples aspectos, algunos positivos y otros negativos, y para ejemplo de ello, vamos a tomar los dichos de Marco Ferrara, PSOE Europa, sobre el traslado de las Delegaciones de la Xunta de Galicia en Montevideo y Buenos Aires a nuevos emplazamientos en centros de la colectividad.

Dijo Ferrara: “Con el PP en la Xunta, Galicia atiende a sus residentes en el exterior entre la cazuela de pulpo y la olla de cocido.”

Desde nuestro punto de vista, resulta sumamente positivo, que un señor, en una localidad situada a orillas del Lago Constanza, en Suiza, en un mitín del PSOE -partido derrotado en las elecciones del pasado domingo, y no solo derrotado, sino que también vapuleado en Galicia por los resultados que obtuvo el PPdeG, encabezado por Alberto Núñez Feijóo- dedique parte de su tiempo a opinar sobre el bienestar de los gallegos en el exterior, y particularmente de los que estamos por estas latitudes. La “Aldea Global” de McLuhan en acto aristotélico, sin más. Felicitaciones.

Ahora va lo negativo, si bien es loable que opine desde Suiza, resulta totalmente absurdo y poco sensato que opine sin saber, sin conocer; o si sabe y conoce, lo haga sin decencia alguna y arteramente, para buscar, ya demasiado tarde, un efecto entre el electorado que, minuto a minuto, le iba dando la espalda: a su líder, a sus mentiras y a su partido. Si la rosa no funcionaba, no valía sacar los puños.

De nada vale que haya reconocido, más tarde, que aquí, en el Sur, hay centros gallegos importantes, ya estaba todo dicho. Por si no había caído, hablaba de dos casos puntuales, las Delegaciones de la Xunta en Buenos Aires y Montevideo, con realidades bien definidas. Sus compañeros del PSOE Buenos Aires deben estar avergonzados de tamaño desconocimiento o mala fé, y estamos con ellos.

Aclaremos algo. Las Delegaciones de la Xunta de Galicia no se desmantelan. Solamente se trasladan de sus emplazamientos actuales, en locales que, como en Buenos Aires, pagan alquileres y comunidades exhorbitantes y están ubicados en áreas con poca identificación con la realidad del colectivo -quizás hecho a propósito por las autoridades del bipartido para evitar cruzarse con algún ciudadano gallego disconforme- a otros espacios ubicados en algún centro de los más relevantes de la colectividad.

Cualquiera sea el sitio elegido, mantendrán las Delegaciones, su autonomía de funcionamiento, pero con unos costos operativos que se verán reducidos hasta en un 50%, y parte de ese dinero, irá a mejorar las prestaciones a los ciudadanos. Por supuesto que la llave para abrir las puertas no quedará en el receptáculo de las monedas de la caja registradora de ninguna taberna de plaza donde se reunen los paisanos de la comarca.

Con el PP en el Gobierno, las Delegaciones seguirán prestando todos los servicios que brindan al día de hoy, a un costo para el erario público inferior y dejando un saldo disponible para incrementar la acción exterior de Galicia. ¿Cuál es el problema entonces? En vez de pagarle el alquiler al dueño del local de la calle 25 de Mayo, se le pagará a la Institución elegida, habrá más fondos disponibles para acciones de la Xunta y el ciudadano será atendido en un ambiente que históricamente le es familiar.

Ahora bien, un par de asuntos para Ferrara.

¿Conoce el Centro Gallego de Buenos Aires? ¿Sabe que es un centro hospitalario con más de 100 años de existencia, que ocupa casi 30.000 metros cuadrados y que por sus instalaciones cada día pasan, entre personal, pacientes y visitantes una media de 3.000 personas, casi un tercio de los habitantes de Romanshorn, la localidad desde donde habla? Por no dar más detalles, pero podemos decir que está también el Teatro Castelao, que hay un Instituto de la Cultura Gallega, con una biblioteca con más de 20.000 volúmenes, y podríamos seguir.

También está el Centro Galicia, ¿lo conoce usted? ¿Lo compararía con un bar o una taberna de su cantón? Sabe que junto con el Colegio Santiago Apóstol conforman un complejo de más de 20.000 metros cuadrados, por el que también la media de visitantes diarios supera el tercio de los habitantes de esa localidad suiza?

Y esto, por hablar sólo de dos de los potenciales sitios donde podría radicarse la Delegación en Buenos Aires. Nada de bares, ni cantinas, ni clubes de dominó, como usted verá. Ojalá cada municipio español contara con instalaciones similares. Otra cosa, la acción exterior de Galicia no empezó con el PSOE-PSdeG, empezó mucho antes, averigue.

Así que, estimado Marco, que su afán igualitarista, por otra parte muy propicio a utilizar la bruta bola de demolición de la que usted habla, no lo lleve a dejar de percibir la realidad con sus notables diferencias, porque otro dato a tener en cuenta en los analisis globales, es que la visión particularista no es adecuada para hacer ciertos análisis, ya que pueden llevarlo a conclusiones  erradas. Si bien, un bar en Suiza no debe ser tan diferente de un bar en Buenos Aires, por sus palabras vemos que, un centro gallego en Europa es bien distinto de los nuestros en Buenos Aires o Montevideo.

Eso sí, hay algunas constantes que nos unen, aún a la distancia, cualquier cocinera de un centro gallego debería saber hacer una ración de pulpo “a feira”, un buen cocido del Deza o un típico lacón con grelos, aunque todavía no sepamos que hacer con los nabos.

- O Goberno galego espera reducir os custos en máis do 50% e mellorar a atención directa aos galegos do exterior.

O Consello da Xunta aprobou hoxe un informe da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza sobre as liñas mestras da nova política ao respecto das delegacións do Goberno galego no exterior, que o Executivo ten decidido trasladar aos centros galegos para reducir custos e facelas máis accesibles para os emigrantes galegos.

Os obxectivos da nova política de delegacións son reducir os custos en máis dun 50 por cento e mellorar a atención directa aos galegos do exterior, destinando parte dos aforros a proxectos sociais que os beneficien. O Executivo galego está disposto ademais a negociar co Ministerio Español de Asuntos Exteriores e Cooperación que as delegacións da Xunta no exterior gocen de beneficios fiscais e doutra índole para reducir aínda máis os custos.

Trátase, en definitiva, de racionalizar a xestión integral das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, reducir os seus custos operativos, incrementar na medida do posible a súa seguridade xurídica e mellorar a eficiencia, sen minguar a prestación de servizos ás colectividades galegas e potenciando outras áreas de promoción comercial, captación de investimentos, cooperación universitaria, fomento do turismo cara a Galicia e difusión da cultura galega, entre outros.

A Delegación da Xunta en Bos Aires creouse por decreto en xullo de 2007 e a de Montevideo en outubro de 2008. As súas funcións son atender a cidadanía galega, fomentar a lingua e a cultura galega, as relacións económicas, a cooperación ao desenvolvemento e a o rexistro público.